La seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, existe una pregunta que merece mayor discusión: ¿están las instituciones investigando con suficiente profundidad a las organizaciones criminales que operan en el país?
La Policía de Investigaciones (PDI) tiene entre sus funciones la investigación especializada de delitos complejos, particularmente aquellos relacionados con el crimen organizado. Así lo establece la Ley 21.552. Por lo tanto, la discusión no debería centrarse únicamente en cuántos procedimientos se realizan, sino también en la capacidad de identificar, investigar y desarticular las estructuras que permiten que estas organizaciones continúen operando.
El crimen organizado no funciona necesariamente como un delincuente individual. Puede involucrar redes de financiamiento, lavado de activos, tráfico de influencias, contactos estratégicos y eventuales colaboradores dentro de diferentes espacios institucionales.
¿Y qué ocurre cuando existen funcionarios involucrados?
Chile ha conocido investigaciones que han puesto bajo cuestionamiento la probidad de integrantes de instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Estos antecedentes demuestran que la infiltración institucional no puede tratarse como una posibilidad meramente teórica.
Cuando un funcionario público utiliza su cargo, información privilegiada o acceso institucional para favorecer actividades ilícitas, el daño trasciende el delito individual: afecta la confianza ciudadana y debilita la capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
Esto tampoco significa que todos los funcionarios sean parte de estas prácticas. Miles de personas trabajan diariamente en instituciones públicas cumpliendo sus responsabilidades.
La pregunta que la ciudadanía necesita hacer
¿Quién fiscaliza a quienes investigan? ¿Qué mecanismos independientes existen para detectar eventuales filtraciones de información? ¿Cómo se investigan los patrimonios injustificados, los contactos entre funcionarios y organizaciones criminales y los posibles conflictos de interés?
No basta con detener a quienes ejecutan los delitos. También es necesario seguir el dinero, identificar a quienes financian las operaciones, investigar las redes de protección y establecer responsabilidades cuando existan antecedentes.
La ciudadanía necesita instituciones transparentes, investigaciones profesionales y resultados verificables.
Porque combatir el crimen organizado significa llegar hasta sus estructuras, sin importar cuánto poder económico, influencia o contactos puedan tener quienes están detrás.
La seguridad no se construye solamente con detenciones. También se construye garantizando que ninguna persona esté por encima de la ley.
