En Chile, la revolución tecnológica ha transformado radicalmente la manera en que operan empresas, instituciones y personas. Sin embargo, el sistema judicial aún enfrenta enormes desafíos para adaptarse a este nuevo escenario. Los delitos informáticos -como accesos no autorizados, sabotajes de sistemas y fraudes digitales- requieren criterios técnicos específicos que, en muchos casos, los jueces aún no poseen.
El problema principal radica en la falta de alfabetización digital en la judicatura. Muchos jueces carecen de la formación necesaria para diferenciar entre un delito informático grave y una acción tecnológica legítima, generando decisiones judiciales ambiguas o desproporcionadas. Esta falta de criterio técnico no solo pone en riesgo la justicia, sino que también afecta directamente a los ciudadanos y a los profesionales del área tecnológica que operan dentro de la legalidad.
